La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSP) por su mínima capacidad de cobro sobre las multas impuestas a las diferentes prestadoras del país y el enorme rezago en el trámite de las quejas presentadas por los usuarios.

El más reciente informe auditor, realizado por Ana María Cuayal Muñoz, Cecilia Tafur Guzmán, Guillermo Alberto Vallejo Dávalos, Martha Isabel Aponte Gutiérrez, Sandra Marcela Duarte Acero y Víctor Manuel Sánchez Villamil, estableció un alto número de procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, muchas de ellas vienen que datan del año 1996, algunas de ellas incobrables, situación que, a juicio de la CGR, conduce a un desgaste administrativo.

Señala, por ejemplo, que a 31 de diciembre de 2014, la SSP registraba 4.771 partidas en cobro coactivo por valor de $58.102 millones, de las cuales 3.386 por valor de $42.004.8 millones, correspondientes a sanciones y 1.385 por $16.097.2 millones a contribuciones. Las principales causales corresponden a: infracción de las normas, liquidación oficial de las contribuciones e irregularidades en el cargue al Sistema Único de Información (SUI).

Tal es el caso de sanciones en firmeza proferidas entre los años 2.004 al 2.008 que se encuentran en cobro coactivo por valor de $8.992.4 millones, “las cuales ya son incobrables y aún continúan vigentes en el área de cobro coactivo. Lo anterior conlleva a que sigan acumulando procesos de cobro y por ende aumentando la carga laboral de quienes adelantan esta gestión, así como el posible vencimiento de términos”, advirtió el equipo auditor.

A pesar de esto, sostienen los auditores, se observa que del total de procesos que se encuentran en cobro coactivo, existen 321 partidas por valor de $11.527.6 millones que son revisadas y se les anexan los soportes correspondientes para ser depuradas en Comité de Saneamiento Contable.

A lo que la Contraloría tampoco le encuentra justificación es que entre 2011 y 2014 la Superservicios impuso 991 sanciones, por $2.076 millones, y apenas cobró 286 de ellas, es decir el 28,85% del total.

Esto refleja la situación que anualmente se viene presentando. En 2011 sólo cobró 113 sanciones de 354 impuestas. En 2012, 91 de 368; en 2013, 78 de 165 y en 2014 se registra la situación más deplorable: 4 cobros de 104 sanciones, es decir, el 3,84% de lo que debía recuperar.

La auditoría también cuestionó el rezago en los trámites de las solicitudes recibidas de los usuarios. Entre 2012 y 2014, la Superservicios recibió 260.344 trámites, de los cuales resolvió 213.850, quedando pendientes 46.494.

“Si bien es cierto, los trámites recibidos por concepto de facturación, prestación e instalación son en esencia sobre posibles inconformidades de los ciudadanos, la entidad no realiza algunos trámites, en cuanto a que quedan rezagos para ser resueltos en el siguiente periodo, situación que influye en los niveles de satisfacción de los usuarios de las empresas prestadoras de servicios y que pueden afectar la gestión institucional”, indica la Contraloría.

En 2014 la entidad recibió 91.502 trámites, de los cuales 32.461 correspondieron a la Territorial Norte.

Del total de trámites, 18.392 quedaron rezagados y de esta cifra 12.354 (67,10%) corresponden a la Territorial Norte, convirtiéndose en una “campeona” no envidiable.

Lo grave es que, según la Contraloría, “no se evidencia de una vigencia a otra, actividades que tiendan a la disminución efectiva del rezago de estos trámites”.

Por otra parte, el ente fiscal recordó que la Superintendencia, en su proceso misional de inspección, verifica que se cumplan los contratos de condiciones uniformes celebrados entre las empresas de servicios públicos y los usuarios; que los subsidios se destinen a las personas de menores ingresos; que las empresas cumplan con los indicadores de gestión señalados por las Comisiones de Regulación y que las obras, equipos y procedimientos cumplan con los requisitos técnicos señalados por los Ministerios, entre algunos de ellos.

No obstante, para el cumplimiento de estas actividades, en la vigencia 2014 la SSP realizó 331 visitas in-situ a los prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el 5,14 % de un total de 6.432 prestadores, “lo cual evidencia la baja presencia institucional con relación al proceso misional de inspección. Esto no le permite tomar decisiones oportunas sobre las posibles deficiencias y calidad del servicio que brindan estos prestadores, ni verificar el cumplimiento de la normatividad aplicada”.

Finalmente, en el caso de Electricaribe, precisa que en su función de Inspección, Vigilancia y Control, la SSP ha proferido 9.699 actos administrativos desde 1999 hasta el 15 de Mayo de 2015 por diferentes conceptos como multas, sanciones pecuniarias y amonestaciones, además, la entidad realizó 45 visitas a subestaciones, mediciones para verificar la calidad de la potencia eléctrica y participó en mesas de trabajo entre otros.

“Sin embargo, se siguen presentando situaciones de orden público debido a la mala prestación del servicio y problemas en la facturación en los 7 departamentos de la Costa Atlántica, lo que genera la insatisfacción del ciudadano. Esta situación se puede evidenciar en el número de trámites que registra el sector energía con 54.249 (59,2%), dentro del total de trámites recibidos por la SSPD que para 2014 fue de 91.502 y demuestra que las acciones no han sido lo suficientemente efectivas”, puntualiza.